Una agrupación de asociaciones pro-saharauis han presentado una demanda contra el Gobierno español por la venta de armas a Marruecos, acreditando varias ilegalidades cometidas por la Secretaria de Estado de Comercio.
El recurso contencioso administrativo presentado el pasado 30 de junio en la Audiencia Nacional de Madrid por varias organizaciones jurídicas y sociales contra una resolución de la Secretaría de Estado de Comercio se ha convertido esta mañana en demanda.
La Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA), la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental (IAJUWS), el Observatorio Asturiano de Derechos Humanos para el Sáhara Occidental, el Observatorio Aragonés para el Sahara Occidental y la Asociación Canaria de Juristas por la Paz y los Derechos Humanos (JUPADEHU) han decidido demandar al Gobierno en un intento de frenar la venta de armas a Marruecos.
El pasado 9 de abril se había presentado por primera vez en España una denuncia administrativa ante el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MTIYC) para paralizar la concesión de autorizaciones de exportación de material bélico a Marruecos, por considerar que se está contraviniendo la normativa española.
La respuesta de la Administración fue la negativa a tramitar dicha denuncia, alegando falta de legitimación de las entidades solicitantes y por el carácter secreto de las actas de la Junta Interministerial de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU). Por esta razón, las organizaciones presentaron un recurso contencioso administrativo el 30 de junio que fue admitido a trámite por la Audiencia Nacional.
Después de que el Estado completara el expediente administrativo que inicialmente había presentado incompleto, los recurrentes formalizaron ayer la oportuna demanda en la que acreditan diferentes ilegalidades cometidas por la Secretaria de Estado de Comercio, Sivia Iranzo, en su resolución de 29 de abril de 2010, con la que pretendía “finalizar anticipadamente y por la puerta falsa la denuncia”.
Los demandantes denuncian además la opacidad y falta de transparencia “con la que se nos intenta hurtar de la legitimación para denunciar este tipo de comercio letal”.
“Con su actitud –añaden- la Administración española contribuye a perpetuar la ocupación marroquí del Sáhara Occidental, mientras que otros gobiernos europeos, como el francés o el alemán, han suspendido por ejemplo las exportaciones de armas a Egipto por su preocupación acerca del respeto de los Derechos Humanos de los manifestantes que reclamaban el fin del régimen dictatorial que les gobernaba”.
Los demandantes señalan que la situación del Sahara Occidental ha empeorado en los últimos tiempos tras el desmantelamiento del campamento de Gdeim Isik, acontecimiento que ha sido destacado por algunos analistas como precursor o detonante de las revueltas del Norte de África y Oriente Medio, y recuerdan en sus alegaciones que el mes de octubre de 2010, durante el cerco militar del campamento, “miembros del ejército marroquí asesinaron al niño de 14 años Elgarhi Nayem al ametrallar el vehículo en el que viajaba en compañía de otros saharauis.
El desmantelamiento violento del campamento se produjo el siguiente día 8 de noviembre. Después han fallecido ciudadanos saharauis, alguno de nacionalidad española como Baby Hamday Buyema, y aproximadamente 150 saharauis permanecen desaparecidos o en situación de prisión en las cárceles del Sahara Occidental bajo control marroquí o en ciudades de Marruecos”.
Por staff writer
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